La familia exige revisar la condena a Miguel Hernández con nuevas pruebas

Miguel Hernández, leyendo poemas a los soldados republicanos durante la guerra civil.

NATALIA JUNQUERA – Madrid – 07/07/2010

La familia de Miguel Hernández quiere que un tribunal democrático anule la sentencia por la que un consejo de guerra franquista condenó a muerte al poeta en 1940. Franco le conmutó la pena a 30 años para evitar que se convirtiera en otro Lorca, pero en 1942, como consecuencia de las duras condiciones de la prisión, Miguel Hernández “murió de franquismo”, como suele decir Marcos Ana, el hombre con el récord de estancia en las prisiones del régimen, 23 años, al que conoció en la cárcel de Conde de Toreno (Madrid). Los descendientes del poeta han acudido al Supremo para que anule aquella sentencia, o lo que es lo mismo, que diga que aquel 28 de marzo de 1942 murió un hombre “inocente”, en palabras de su nuera, Lucía Izquierdo.

El Supremo ha tumbado decenas de recursos similares, como el de la familia de Salvador Puig Antich, el penúltimo ejecutado a garrote vil del franquismo; el de los descendientes de Joaquín Delgado y Francisco Granado, condenados a muerte por dos atentados que otros dos anarquistas confesaron haber cometido, o el de José Pellicer, combatiente antifranquista. El tribunal suele argumentar que los consejos de guerra aplicaban el derecho vigente. Los descendientes de Miguel Hernández son muy conscientes de esto, por eso han optado por una estrategia diferente. En lugar de ceñirse a que los consejos de guerra son, como asegura la Ley de Memoria, “ilegítimos” y que por tanto las sentencias que dictaron deberían anularse, han buscado nuevas pruebas con las que convencer al tribunal de que revise su caso. Y las han encontrado.

Hace apenas dos meses, la Comisión Cívica de Alicante para la Recuperación de la Memoria Histórica, dio con el expediente de un segundo consejo de guerra (el 4.487) abierto contra el poeta en Orihuela cuando este fue puesto en libertad “por un error material” a la espera de juicio por el primer proceso, abierto en Madrid (el 21.001). La Auditoría de Guerra se dirigió en octubre de 1939 al Juzgado de Orihuela para que se inhibiera de la causa y le remitiera todas las actuaciones que había hecho. Pero el juzgado “siguió actuando hasta año y medio después de la muerte de Miguel Hernández”, según explicó ayer Enrique Cerdán Tato, investigador de la Comisión Cívica de Alicante, que halló el documento. El Supremo que ha tumbado tantos recursos de revisión de sentencias franquistas también revocó en 2007 la condena a muerte del republicano Ricardo Puente porque había sido juzgado dos veces por los mismos hechos.

En este segundo y desconocido sumario, hay una carta exculpatoria escrita por Juan Bellod, jefe de Falange de Valencia, que no fue tenida en cuenta en el primer proceso. Bellod, que asegura conocer a Miguel Hernández “desde su niñez”, describe al poeta como una persona de “inmejorables antecedentes, generosos sentimientos y honda formación religiosa y humana” y asegura que su “excesiva sensibilidad y temperamento poético” pudo llevarle a actuar “por apasionamiento”. El falangista cita como garantías “del fervor religioso y patriótico” de Hernández, que fue redactor de la revista católica El Gallo crisis, en cuya redacción trabajaban “caídos por Dios y por España”. Y destaca que Miguel Hernández pudo haberle salvado la vida: “En los primeros tiempos del Movimiento me visitó repetidas veces en la cárcel de Jesús y María en la que a la sazón me encontraba detenido, constándome que hizo cuanto estuvo en su mano para evitar que fuese paseado“. Bellod concluye: “No le creo capaz de haber intervenido en hecho alguno delictivo, estimando que su producción literaria en las publicaciones rojas obedecía a coacciones o incluso a imperativos de su pasión cambiada de signo por la falaz propaganda marxista (…) No le creo, en lo fundamental, enemigo de nuestro Glorioso Movimiento con cuyos principios, una vez conocidos en la reveladora verdad de nuestra doctrina hecha actuación gloriosa, le considero identificado”.

La familia del poeta también depositará en el Supremo a modo de prueba el interrogatorio al que fue sometido en Orihuela el 1 de octubre de 1939, en el que el poeta asegura, por ejemplo, que “nunca” viajó a Rusia, y tras el que entregó el certificado que le había hecho Bellod.

El delito por el que le perseguían en Madrid y Orihuela, como explicó Marcos Ana, fue el mismo: “Haber decidido defender la legalidad, ponerse del lado de la República”.

© EDICIONES EL PAÍS S.L.

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